Iniciamos el comentario del capítulo 8 del Informe de la UNESCO 1996, que lleva por título: “El papel del político: tomar decisiones en educación”.
Por cuanto se ha leído y comentado hasta ahora, se hace evidente que para renovar la educación “hay que afrontar decisiones que pueden ser difíciles, sobre todo cuando se trata de equidad y de calidad de los sistemas educativos”.
Lo serio del asunto es que “son decisiones de sociedad, que suponen estrategias para una regulación de la educación”.
El Informe aborda directamente el tema de este capítulo y afirma “que ese es el papel del político, a quien incumbe iluminar el porvenir con una visión a largo plazo para conseguir a la vez la estabilidad del sistema educativo y su capacidad para reformarse, garantizar la coherencia del conjunto estableciendo al mismo tiempo prioridades, abriendo un auténtico debate de sociedad sobre las decisiones económicas y financieras”.
Decisiones educativas, decisiones de sociedad:
La demanda de educación.
El Informe habla del “aluvión de diversas demandas que requieren decisiones de organización que en realidad son decisiones de carácter sociopolítico”. Y hace una rápida enumeración de las principales: “El mundo económico reclama cada vez más calificaciones; el mundo científico reclama créditos para la investigación; el mundo de la cultura y de la enseñanza requiere medios para desarrollo de la escolarización y de la formación general…”
Como si no fuera bastante, el Informe añade la presión de las “asociaciones de padres de alumnos que están por un aumento constante de la educación de calidad. Es decir, por un número creciente de buenos docentes”.
Evaluación y debate público.
Tal como se deduce del planteamiento anterior “las decisiones educativas incumben e interesan al conjunto de la sociedad y exigen la apertura de un debate democrático”.
Pero este debate no debe agotarse en el aspecto económico sino que debe incluir todos los aspectos del proceso educativo, incluyendo primeramente sus finalidades, ya señaladas en capítulos anteriores de este Informe, y luego los objetivos, los métodos de enseñanza, etc.
El sistema educativo tiene múltiples aspectos, y hay que armonizar la interdependencia de esas partes, ya que todas son objeto de evaluación para que dicho sistema, local o nacionalmente, funcione como un todo armónico y coherente.
“La magnitud de los presupuestos públicos dedicados a la educación, justifica ampliamente que la colectividad pida cuentas antes de aumentarlos aún más”.
Sólo así, la educación concernirá a toda la nación, constituyéndose en un “debate de sociedad” , orgánico, respetuoso, donde todas las partes concernidas tengan voz y poder de decisión.
Posibilidades que ofrecen la innovación y la descentralización.
Asociar a los diferentes agentes del proyecto educativo.
“Asociar a los distintos agentes sociales a la adopción de decisiones, constituye uno de los principales objetivos y, seguramente, el medio esencial para el perfeccionamiento de los sistemas educativos”.
Esto significa que es un gran error reservar las grandes decisiones de los sistemas educativos al limitado espacio de los ministerios centrados o instancias superiores, sin consultar a los distintos actores sociales del mismo proceso.
Debe ser, pues, una prioridad, “la voluntad del gobierno central de abrir un espacio de adopción de decisiones democráticas en el que se puedan tomar en consideración las expectativas de la comunidad local, del personal docente, y de las asociaciones de padres o de las organizaciones no gubernamentales”.
Favorecer una verdadera autonomía de los establecimientos.
“La Comisión es consciente de que los modos de organización y gestión de la educación no son fines en sí mismos, sino sólo instrumentos cuyo valor y eficacia dependen en gran medida del contexto político, económico, social y cultural”.
Por eso sugiere crear comités de padres (o alumnos) y docentes para que den su opinión sobre la gestión del establecimiento o sobre determinados aspectos de los programas educativos.
Afirma que “la práctica de la negociación y la concertación constituyen en sí mismas un factor de aprendizaje democrático en la gestión de los establecimientos y en la vidaescolar”.
Concluye este párrafo afirmando que “la Comisión es favorable a una amplia descentralización de los sistemas educativos, sobre la base de la autonomía de los establecimientos, y de una participación efectiva de los agentes locales”.
Necesidad de una regulación general del sistema.
La educación es un bien de carácter colectivo, y en ese sentido “el Estado debe asumir una serie de responsabilidades para con la sociedad civil”.
La comisión recomienda tener en cuenta dos factores: “Establecer una coherencia general, y proponer una visión a largo plazo”.
Por otro lado, reconoce que “las políticas educativas deben ser políticas a largo plazo, lo que supone poder establecer y garantizar la continuidad en las decisiones y en la realización de las reformas”.
“El papel del Estado concierne principalmente a las decisiones de sociedad que marcan con su impronta la educación. Pero no debe ejercerse como un monopolio estricto sino canalizar las energías, las iniciativas, y proporcionar las condiciones de aparición de las nuevas sinergias”.
El Informe refiere también al Estado la coordinación entre los distintos niveles de la enseñanza, la regulación del funcionamiento de las instancias educativas, las ofertas de educación para toda la vida y, sobre todo, evitar las disfunciones dondequiera que aparezcan. Deberá así garantizar la estabilidad del conjunto, suscitar asociaciones y estimular las innovaciones educativas, es decir: “liberar energías nuevas para la educación”.
El Informe concluye el comentario de este párrafo confirmando la primacía de lo político: “Hay que guiar a todos los agentes de la educación hacia objetivos colectivos, respetando los valores comunes”.
Decisiones económicas y financieras
El párrafo comienza señalando el peso de las limitaciones financieras y el alto costo de los proyectos educativos, y reconoce que “los países en desarrollo sufren más limitaciones de orden financiero por las necesidades cada vez mayores, debido al crecimiento demográfico y a los retrasos de escolarización, así como a la limitación de los recursos disponibles”.
En los países en desarrollo es donde el crecimiento demográfico será mayor, con la repercusión económica que tendrá el facilitar a todos una educación sólida, tanto académica como profesional:
“Habida cuenta de la importancia capital que concede a las decisiones educativas en el desarrollo social, la Comisión estima que deben aumentarse, en primer lugar, los recursos públicos dedicados al sector de la educación”.
Orientaciones para el futuro.
Se debe insistir en el hecho evidente de que “la educación no es solo un gasto social sino también y sobre todo una inversión económica y política que produce beneficios a largo plazo”.
El desarrollo de un país da por supuesto que “su población activa ha sido capacitada para utilizar tecnologías complejas, y dar muestras de creatividad y espíritu de adaptación que dependen en gran parte de la formación inicial de los individuos”.
Por eso, la Comisión estima que es no solo legítimo sino conveniente, movilizar recursos financieros privados a fin de limitar la presión ejercida sobre el presupuesto de los Estados.
Uso de los medios que ofrece la sociedad de la información, repercusión de las nuevas tecnologías en la sociedad y en la educación.
“La Comisión desea poner claramente de relieve que las nuevas tecnologías están generando ante nuestros ojos una verdadera revolución que afecta, tanto a las actividades relacionadas con la producción y el trabajo, como a las actividades ligadas a la educación y a la formación”.
Destaca a continuación algunas consecuencias de la afirmación anterior:
Luego de estas importantes consideraciones, la Comisión aclara un punto esencial:
“El desarrollo de las nuevas tecnologías no disminuirá en nada el papel de los docentes; muy al contrario, pero en cambio lo modificará profundamente y constituirá para ellos una posibilidad que no deben desaprovechar”.
El Informe va llegando a importantes conclusiones:
“Hay que elaborar un contenido de la enseñanza que permita a esas tecnologías convertirse en auténticos instrumentos, lo que supone que los docentes acepten analizar críticamente sus prácticas pedagógicas”.
Para cerrar este Tema, la Comisión ofrece una reflexión final de la mayor importancia:
“Ella está persuadida que elegir un determinado tipo de educación equivale a optar por un determinado tipo de sociedad. Su convicción profunda es que las decisiones educativas deben tender a una mayor responsabilidad de cada ciudadano, preservando el principio fundamental de la igualdad de oportunidades”.
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